martes, 16 de abril de 2013

Control interno de las finanzas públicas en México




El nuevo control interno de las finanzas públicas en México

La exposición de motivos de la:

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL QUE PRESENTAN DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS”

Sobre el Control Interno señalo:

“D. Nuevo régimen de control gubernamental

Todo gobierno moderno y democrático debe velar por contar con estructuras e instituciones que garanticen el ejercicio de la función pública con transparencia y honradez. Al mismo tiempo, es necesario que los servidores públicos cuenten con instancias que den seguimiento y doten de control al ejercicio de sus responsabilidades, con criterios que les orienten respecto de su óptimo desempeño para cumplir eficazmente con sus tareas, en un entorno que coadyuve a simplificar procesos y rendiciones de cuentas, así como a distinguir claramente entre situaciones de corrupción de otras faltas administrativas sancionables, aunque de menor gravedad.


El Gobierno Federal tiene un sistema de rendición de cuentas fortalecido en los principios del debido equilibrio de poderes, mediante las revisiones que del correcto ejercicio de los recursos públicos efectúa la Auditoría Superior de la Federación, por parte de la Cámara de Diputados.

Finalmente, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos garantiza la transparencia del Gobierno Federal. En materia de observancia y sanción de actos de corrupción, es indispensable que dicha tarea se deposite también en una instancia dotada de plena autonomía.

La vigilancia al Gobierno Federal y la rendición de cuentas deben completarse con un sistema permanente de control de sus procesos y operaciones tal que garantice el ejercicio honrado de recursos, en combinación con el estímulo permanente al desempeño y a la calidad de la gestión. El mejor incentivo para generar dicha dinámica es asumir que son los propios titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal los responsables de mantener en sus órganos una gestión eficiente y de calidad, y por tanto, de un sistema efectivo de control de dichos procesos. Es por esta razón que la presente reforma propone en primer lugar hacer responsables del logro de estos objetivos y funciones de control gubernamental a los propios titulares de las dependencias y entidades de la Administración, y por tanto, hacerles igualmente responsables del nombramiento de sus auditores preventivos, conforme a los perfiles que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para el cumplimiento de dicha responsabilidad de control gubernamental en cada dependencia y entidad, esta iniciativa propone que cada una de ellas cuente con una unidad de auditoría preventiva. Las unidades de auditoría preventiva tendrían como base de su estructura a los actuales órganos internos y de control. Sus objetivos básicos serían los de vigilar el cumplimiento de las leyes y normas en materia de administración y disposición de los recursos presupuestales, financieros, humanos y materiales, así como las políticas de contratación de servicios generales y de licitaciones públicas o adjudicaciones, en su caso; de impulsar en forma permanente políticas y prácticas que fortalezcan la eficiencia y calidad de la gestión a través del seguimiento de hallazgos que conlleven a la efectiva administración de riesgos, así como a la realización de acciones preventivas, correctivas y de mejora de los procesos operativos y de decisión; de consolidar políticas para el control, evaluación, gestión y mejora continua del desempeño institucional y de los servidores públicos; y de iniciar, recibir y resolver denuncias tanto de asuntos disciplinarios como de responsabilidades administrativas respecto de los servidores públicos; en su caso, aplicar las medidas o sanciones que correspondan, en términos de las leyes aplicables; e iniciar, recibir y remitir a la instancia competente, para su resolución, los casos en los que las unidades de auditoría preventiva sostengan la presunta existencia de actos de corrupción de servidores públicos, de acuerdo con las leyes de la materia.

Se propone también que las unidades de auditoría preventiva ejerzan diversas atribuciones para el logro de los objetivos descritos y que se rijan en su actuación por las leyes de adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, y otras afines a la materia; y con el reglamento que sobre la organización y funcionamiento de las unidades de auditoría preventiva y otras disposiciones emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por la importancia que tiene en nuestras instituciones la consolidación de un efectivo sistema de rendición de cuentas, se propone que las unidades de auditoría preventiva formen parte del sistema nacional de fiscalización. Como miembros de tal sistema, se propone que las unidades de auditoría preventiva se apeguen a las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con las mejores prácticas y que considere el referido sistema nacional de fiscalización.

En la presente iniciativa se establece que las unidades de auditoría preventiva formularán su plan anual de trabajo para su aplicación en el año siguiente. Asimismo, se propone que los titulares de las unidades de auditoría preventiva presenten informes sobre los objetivos y atribuciones ejercidas. Se propone que los informes señalados sean entregados al titular de la dependencia o entidad de que se trate y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Si bien en materia de operación específica del régimen de control gubernamental las atribuciones corresponderían a las unidades de auditoría preventiva de cada dependencia y entidad, el marco normativo del desarrollo administrativo y control gubernamental correspondería a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con criterios de eficiencia y simplificación administrativa.

Se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impulse políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal; emita y en su caso opine sobre las normas relacionadas con la desincorporación de activos; administre el sistema COMPRANET, lleve los procedimientos de conciliación en dichas materias, en términos de las disposiciones respectivas y aplique la Ley de Firma Electrónica Avanzada.


Se propone también que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga la relevante tarea de conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales, con las respectivas normas de control de gasto en ese rubro. Además, sería esta Secretaría la que llevaría el registro de servidores púbicos y de sus declaraciones patrimoniales. Se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público norme también el régimen de auditorías internas y externas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevaría a cabo también tareas de política inmobiliaria del gobierno.

Finalmente, se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se oriente a coordinar políticas de desarrollo de indicadores por dependencia y entidad que estimulen el desempeño y cumplimiento de resultados de los órganos y servidores públicos de la Administración Pública Federal, así como a emitir normas, lineamientos y manuales que integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa.

En virtud del fortalecimiento de los órganos internos de control mediante su transformación en unidades de auditoría preventiva; de la reasignación de funciones de control gubernamental, además de otras de carácter normativo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que incluye la simplificación administrativa, así como de la existencia de otras autoridades constitucionales en materia de rendición de cuentas, acceso a la información y combate a la corrupción, las tareas de la hoy Secretaría de la Función Pública quedarían debidamente distribuidas, por lo que se propone que esta dependencia deje de operar.”


En este sentido se observa que las atribuciones en materia de políticas de control gubernamental y desarrollo administrativo del gobierno estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedando como sigue:


LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL


Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

….

XIX. Coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables;


XXI. Coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y emitir las normas para que los recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficiencia y simplificación administrativa;

XXII. Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal; emitir y en su caso opinar sobre las normas relacionadas con la desincorporación de activos; administrar el sistema COMPRANET, llevar los procedimientos de conciliación en dichas materias, en términos de las disposiciones respectivas y aplicar la Ley de Firma Electrónica Avanzada;

XXIV. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales, con las respectivas normas de control de gasto en ese rubro;

XXV. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, incluyendo sus declaraciones patrimoniales y su seguimiento, así como la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los ordenamientos aplicables;

XXVI. Determinar los perfiles que deberán cubrir los titulares y personal de las auditorías preventivas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las disposiciones generales para su organización, funcionamiento y régimen disciplinario; señalar los órganos desconcentrados o entes similares que se consideren que deban contar en forma directa con unidades de auditoría preventiva, o determinar los órganos desconcentrados y entidades paraestatales que por su dimensión puedan ser auditados por la unidad de auditoría preventiva de su sector correspondiente;

XXVII. Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XXVIII. Designar a los comisarios de las entidades de la Administración Pública Federal, así como normar sus atribuciones y desempeño;

XXIX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;

XXX. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación;

XXXI. Coordinar políticas de desarrollo de indicadores por dependencia y entidad que estimulen el desempeño y cumplimiento de resultados de los órganos y servidores públicos de la Administración Pública Federal;

XXXII. Emitir normas, lineamientos y manuales que integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa;

XXXIII. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables; y

XXXIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.


De igual forma el Art. 44 establece:


Artículo 44.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen, con el apoyo de unidades de auditoría preventiva. Los propios titulares tendrán la obligación de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia y entidad, con base en los perfiles que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.

Las unidades de auditoría preventiva se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las disposiciones generales que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de dichos asuntos, sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, además de las de auditoría preventiva, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichas unidades. Las unidades de auditoría preventiva formarán parte del sistema nacional de fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con las mejores prácticas, que considere el referido sistema.

Las unidades de auditoría preventiva de cada dependencia y entidad formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de auditorías.

En los meses de mayo y noviembre entregarán informes tanto al titular de la dependencia o entidad de que se trate, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y ejecución de los programas, así como sobre la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros y de los servicios generales, además de los correspondientes a la situación de desempeño y el ejercicio del gasto; y en su caso, sobre la relación de los procedimientos abiertos por causas disciplinarias, de presunta responsabilidad administrativa y de sanciones aplicadas por la propia unidad de auditoría preventiva, así como de las denuncias presentadas ante la autoridad competente por actos de corrupción. Con base en dichos informes, tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formularán las recomendaciones pertinentes para mejora de la gestión.

Los titulares de las dependencias y entidades encabezarán comités de control y desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión, conforme a las disposiciones que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


También junto con esta reforma se propone la COMISIÓN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, que a  la fecha no se aprueba, lo principales lineamentos de esta son los siguientes:

Comisión Nacional Anticorrupción,  se propone como un organismo constitucional autónomo, que tenga facultades para  investigar y castigar actos de corrupción en materia administrativa.
Podrá atraer casos de corrupción que ocurran en estados y municipios, así como investigar y sancionar a servidores públicos, a personas físicas y morales que participen o instiguen casos de corrupción.
Podrá actuar de oficio, a partir de denuncias o reportes ciudadanos.Cuando la Auditoría Superior de la Federación detecte actos de corrupción en la cuenta pública, los turnará a esta Comisión.
La creación de este órgano resultará en  la desaparición de la Secretaría de la Función Pública.
En este mismo marco, la reforma propone la creación de Comisiones Estatales Anticorrupción y en el DF, autónomas respecto al ente nacional. Las Comisiones Anticorrupción Nacional, Estatales y del DF aplicarán la Ley Federal Anticorrupción, en sus respectivos ámbitos.
Esta propuesta irá acompañada de la creación del Consejo Nacional por la Ética Pública que será encabezado directamente por el Presidente de la República con la participación de miembros de la sociedad civil organizada, el Presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción en calidad de Secretario Técnico, los 31 gobernadores y el Jefe de Gobierno del D.F., los Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Secretarios de Gobernación, Hacienda, Educación y el Procurador General de la República, además del titular de la Auditoría Superior de la Federación y el Comisionado Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.


Es en la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE PRESENTAN LAS SENADORAS Y LOS SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA”, donde se propone crear esta Comisión y el artículo constitucional propuesto es el siguiente:


Artículo 113.- El Congreso de la Unión expedirá la Ley Federal Anticorrupción. La aplicación de esta ley corresponderá a la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en los términos que establezca la misma.

A. La Comisión Nacional Anticorrupción es el órgano encargado de prevenir, investigar y sancionar, en la vía administrativa, los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos de la Federación, y en vía de atracción, de Estados y Municipios, así como por cualquier persona física o moral involucrada en tales actos o que resulte beneficiada por los mismos.

La Comisión desarrollará programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público así como la cultura de la legalidad. Igualmente podrá emitir recomendaciones particulares o de carácter general orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción.

La Comisión Nacional Anticorrupción es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. En su funcionamiento, se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Se integrará por cuatro comisionados y un comisionado presidente, designados por el Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por dos terceras partes presentes dentro de los siguientes treinta días naturales. Si no hubiere objeción dentro de dicho plazo, quedará ratificada la designación. En caso de objeción, el Ejecutivo Federal hará una nueva designación. Si ésta también fuera objetada dentro del mismo plazo antes señalado, el Ejecutivo Federal designará directamente a otra persona.

Cuando el Senado no se encuentre reunido, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión podrá objetar el nombramiento de los comisionados, siguiendo el procedimiento del párrafo anterior.

Los comisionados durarán en su encargo siete años improrrogables y tendrán los requisitos que establezca la ley. Durante el tiempo que dure su encargo no podrán ocupar ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en asociaciones científicas, docentes, literarias, de beneficencia u otras no remuneradas.

La Comisión será presidida por un comisionado quien durará en su encargo cuatro años no renovables. El comisionado Presidente deberá rendir un informe anual ante el Consejo Nacional por la Ética Pública.

Las sanciones impuestas por la Comisión podrán ser recurridas, vía amparo directo, ante los Tribunales Colegiados de Circuito especializados que establezca el Poder Judicial de la Federación.

Cuando en sus indagaciones, la Comisión encuentre actos presumiblemente constitutivos de delito dará vista al Ministerio Público, y estará facultada para coadyuvar en la investigación.

En los casos de corrupción las responsabilidades no prescribirán en un plazo inferior a cinco años.

Toda autoridad y servidor público está obligado a prestar auxilio a la Comisión y a sus representantes para el buen desempeño de sus funciones.

Los Estados y el Distrito Federal establecerán comisiones anticorrupción, quienes serán competentes para la aplicación de la Ley Federal Anticorrupción, en los términos que la misma establezca.

B. El Consejo Nacional por la Ética Pública es el órgano interinstitucional encargado de promover acciones para fortalecer el comportamiento ético de la sociedad y coordinar las instancias de gobierno encargadas de prevenir y combatir la corrupción en toda la República.

La ley determinará sus atribuciones, funcionamiento e integración. Deberá ser presidido por el Ejecutivo Federal e incluir a ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

C. La ley penal federal establecerá los delitos de corrupción y sus respectivas penas, que incluirán en su caso el decomiso y la privación de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido directa o indirectamente como resultado de la comisión de los mismos.


De todo lo anterior es importante destacar los transitorios a la reforma de la Ley Orgánica de la APF, que explica cuando entrara en vigor.

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley  Orgánica de la Administración Pública Federal.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013


Artículo Único.- Se reforman los artículos 1o., segundo párrafo; 7o.; 8o.; 10; 13, primer párrafo; 16,  primer párrafo; 25; 26; 27; 31, fracciones XII, XIX, XXI, XXIV y XXV; 32, fracciones I, II, IV, V, IX, X, XI,  XII, XIII, XIV y XV; 41 y 50; Se adicionan los artículos 31, con las fracciones XXII, XXVI, XXVII, XXVIII,  XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV; 32, con las fracciones VII y VIII y el 44 y Se derogan los  artículos 30 Bis; 32, fracciones XIV, XV y XVII; y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública  Federal, para quedar como sigue:


TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial  de la Federación.


Segundo.- Las modificaciones previstas en el presente Decreto para los artículos 26, 31, 37, 44, y 50  de esta Ley exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de  la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional  autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las  disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.

Al expedir los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional correspondiente, el  Congreso de la Unión revisará que el control interno y el sistema integral de control y evaluación  gubernamental sean congruentes con las atribuciones que le sean conferidas a dicho órgano y  compatibles con las bases y principios del Sistema Nacional de Fiscalización, para lo cual realizará las  reformas legales a que haya lugar.

Entre tanto se expiden y entran en vigor las disposiciones a que se refiere este artículo, la Secretaría  de la Función Pública continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al  momento de expedición de este Decreto.


Tercero.- El Titular del Poder Ejecutivo Federal deberá expedir la reforma a los reglamentos interiores  de las Secretarías de Estado afectadas por el presente Decreto, así como de la Oficina de la Presidencia  de la República, en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor  del presente Decreto.


Cuarto.- Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las unidades administrativas de las dependencias cuyas funciones cambian por este Decreto a otras Secretarías de  Estado, se transferirán a éstas, a fin de apoyar el cumplimiento de los programas y metas que les  corresponden.

Los oficiales mayores de las dependencias a que se refiere el presente Decreto serán responsables  del proceso de transferencia de los recursos mencionados, por lo que proveerán y acordarán lo necesario  para dar cumplimiento al presente Decreto, así como de la elaboración de la información necesaria para  la integración de la Cuenta Pública en el ámbito de su competencia.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá dictar los lineamientos y disposiciones de carácter  general que estime necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales y  la debida ejecución de lo dispuesto en este artículo.


Quinto.- Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto,  pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley.

Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto  de las Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este Decreto, se entenderán referidas a las  dependencias que, respectivamente, adquieren tales funciones. 

Respecto de las atribuciones de la  Secretaría de la Función Pública, será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que determine, en  su caso, si las mismas corresponden a esta última dependencia o a las unidades de auditoría preventiva.


Sexto.- Los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio  fiscal 2012 continuarán siendo ejecutados hasta el final de dicho ejercicio por las dependencias que  hayan mantenido o a las que les hayan sido transferidas las atribuciones y unidades administrativas  relacionadas con dichos programas.

Séptimo.- Los titulares de las dependencias a que se refiere el presente Decreto deberán someter a  consideración del Ejecutivo Federal los proyectos de reforma a los respectivos reglamentos interiores,  dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Octavo.- Las facultades con que cuentan las unidades administrativas que, por virtud del presente  Decreto, pasan a formar parte de otras dependencias, continuarán vigentes en términos de los  reglamentos interiores que las rigen, hasta en tanto sean emitidos los nuevos reglamentos interiores.

Los órganos administrativos desconcentrados y las entidades paraestatales de las Secretarías cuyas  atribuciones hayan sido transferidas a otras por virtud del presente Decreto, estarán adscritos a estas  últimas a partir de la entrada en vigor de este último. Lo anterior será igualmente aplicable tanto para  aquellos organismos desconcentrados o entidades paraestatales cuya adscripción se señale por ley  como para aquellos cuya adscripción se señale actualmente por decreto o reglamento, y que por la  naturaleza de sus atribuciones se derive su readscripción a la nueva dependencia de que se trate.

El Titular del Poder Ejecutivo de la Unión expedirá las modificaciones a los reglamentos interiores de  las Secretarías afectadas por el presente Decreto, a efecto de considerar la readscripción de órganos  desconcentrados y entidades paraestatales, según corresponda.
Las dependencias reformadas en virtud del presente Decreto integrarán los diversos consejos,  comisiones intersecretariales y órganos directivos contemplados en las leyes, en función de sus nuevas  atribuciones. En su caso, resolverá la Secretaría de Gobernación.

Noveno.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto   continuarán su despacho por las unidades administrativas responsables de los mismos, conforme a las  disposiciones jurídicas aplicables.

Décimo.- .....

Décimo Primero.- La Secretaría de Gobernación resolverá sobre los aspectos de adscripciones,  integraciones de órganos y definición de competencias no previstos en el presente régimen transitorio. La  Secretaría de Hacienda y Crédito Público resolverá sobre los aspectos administrativos no contemplados  en el régimen mencionado.


Décimo Segundo.- El Congreso de la Unión expedirá la legislación sobre el uso legítimo de la fuerza  en un plazo no mayor de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.


México, D.F., a 13 de diciembre de 2012.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip.  Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Diaz Lizama, Secretaria.- Dip. Tanya  Rellstab Carreto, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la  Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de  diciembre de dos mil doce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel  Osorio Chong.- Rúbrica.